Hemos presenciado un fuerte activismo político en los últimos días, particularmente para desacreditar la reforma político-electoral del presidente. La sociedad civil ha comenzado a generar una estrategia jurídica, mediante amparos, para escalar la reforma hasta la SCJN. Los partidos políticos ya presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Finalmente, esta semana el INE presentó una controversia constitucional en contra del Decreto.
También, llama la atención la insistencia de los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de defender la democracia en contra de los deseos “totalitarios” del presidente López Obrador. No merece la pena ahondar sobre si el INE tiene o no facultad para presentar una controversia constitucional; es terreno yermo. Quizás merece más la pena analizar el problema desde una visión dialéctica. ¿Debe llamarnos la atención que el partido en el poder quiera cambiar las reglas electorales antes de los comicios de 2024? La respuesta corta es sí, toda reforma política-electoral legítima en México se dio vía el consenso de la oposición y con régimen transitorio amplio, nunca inmediato.
Dejando a un lado la temporalidad, ¿realmente nos serviría eliminar los organismos electorales locales? la respuesta es no, pues se perdería una capacidad de fiscalización importante a nivel regional. Esto podría incrementar el riesgo de comisión de delitos electorales a nivel territorial. Continúo. ¿Debe llamarnos la atención las numerosas impugnaciones en contra del Plan B? Sí, otra vez. En 2014 cuando se celebró el Pacto por México, todas las fuerzas políticas negociaron y contribuyeron para la construcción de la reforma política-electoral que perfeccionó la práctica democrática: certidumbre jurídica ex-ante y ex-post del proceso electoral. Sí, la reforma que permitió que MORENA y AMLO llegaran al poder.