El año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se amplía hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Muchos mexicanos reprochamos este decreto, por la experiencia calderonista, después de haber caminado por calles pavimentadas de casquillos de bala y pintadas de rojo.
En Tamaulipas, durante la madrugada del 26 de febrero, el personal de una Base de Operaciones en Nuevo Laredo abrió fuego contra siete civiles asesinando a cinco y lesionando a uno. La Secretaría de la Defensa (Sedena) cuenta que los individuos se trasladaban en una camioneta sin placas y que, al ver la presencia de las tropas, aceleraron de manera evasiva y sospechosa. Como resultado, se impactaron contra un coche y, “al oír el estruendo”, los elementos dispararon contra los civiles.
La Sedena afirma que varias autoridades están investigando para encontrar la veracidad de los hechos… así lo dispuso la Secretaría de manera muy ambigua. La Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia Militar y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “colaboran para facilitar las investigaciones”… quién sabe cómo. A su vez, la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena está en diálogo abierto con las familias de los afectados para brindar las atenciones correspondientes… ¡órale, va! ¿Cuáles son esas atenciones?
El comunicado de la Sedena resulta muy impreciso sobre lo ocurrido y justifica los actos como una respuesta pronta, instintiva, irracional y reactiva de las Fuerzas Armadas. Ahora resulta que al escuchar un “estruendo”, las tropas se alertan y abren fuego a diestra y siniestra. En todo caso, debemos promover el silencio absoluto en los cuarteles militares, de lo contrario; nos quedaremos faltos de personal si a alguien se le ocurre estornudar.
Este lamentable hecho demuestra una vez más que el Ejército no está capacitado para temas de seguridad pública. La instrucción militar adiestra en temas de defensa y ofensa, el arte de la guerra contra enemigos, no educa en el acercamiento y la protección ciudadana. Se ha especulado la idea de que estos jóvenes eran miembros del crimen organizado, no obstante; hasta los criminales tienen derecho al debido proceso, pero el Ejército se saltó el juicio y se apresuró a un fusilamiento.
Es intolerable, y me atrevería a decir que anticonstitucional, que la seguridad pública se le confíe a elementos que, ante el peligro, no sepan distinguir entre el semblante amigo del enemigo.