El presidente López Obrador requiere constantemente de un contraste para validar su gobierno. No le bastaron 30 millones de votos, que probablemente ya perdió una parte de esos votantes, para legitimar su gobierno. Está en una búsqueda constante de adversarios políticos para existir. Estos pugilistas han sido Felipe Calderón, Loret de Mola, el Gobierno de España, Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Banco de México y ahora es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INAI.
En esta ocasión la ministra Norma Lucía Piña se subió al ring y ocho ministros más la respaldaron al invalidar el Acuerdo que reservaba toda la información relativa a las megaobras del gobierno federal. Los argumentos que sostienen la invalidez son los siguientes: la medida es demasiado amplia y ambigua. La Ley General de Transparencia mandata que los sujetos obligados – como la Presidencia, Ejército y Marina – no pueden emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen sin más la información pública. En todo momento las autoridades deben poder justificar con una prueba de daño que la información a reservar sea de interés público o de seguridad nacional. Con este razonamiento, el Ejecutivo pierde una batalla más.
Aunque haya perdido una batalla, para el presidente la guerra no termina y menos para sus legisladores. Nos llamó la atención que el presidente de la Mesa Directiva del Senado se sumara a los ataques presidenciales al exhibir conversaciones privadas que sostuvo con la ministra Piña. Aunado a lo anterior, en la tarde se publicó un Decreto vengativo para clasificar como reservado por considerarse de interés público y de seguridad nacional toda la información relativa al Tren Maya, el Corredor Transístmico y a los nuevos aeropuertos de Chiapas y Quintana Roo.
El desenlace que le espera a este nuevo Decreto seguramente será el mismo. A pesar de que el presidente se cree intocable, hoy nos queda un poco de esperanza en la presidencia de la SCJN. Será imperativo que comience una estrategia jurídica para neutralizar, una a una, las ocurrencias presidenciales que contravengan nuestros derechos humanos. Hay esperanza.