El último año de este sexenio estará marcado por las crecientes tensiones entre la visión populista ejercida por el gobierno morenista y su bancada en el Congreso y la protección a las instituciones constitucionales y de respeto al estado de derecho abanderada por la oposición. Ambas son visiones democráticas, sin embargo tienen un entendimiento de la democracia opuesto y excluyente en algunos puntos.
Mientras que la cuarta transformación radica su visión en el principio de mayoría y la voluntad general reflejada en “el pueblo bueno”; la oposición sostiene una visión más amplia de la democracia que no se reduce al principio mayoría, sino que se fundamenta en victorias ganadas mediante la construcción de instituciones autónomas que garantizan el ejercicio de derechos y libertades, como la Suprema Corte y como el INAI –que vigila el acceso a la información pública y la protección de datos particulares–. Para Andrés Manuel y su séquito, el INAI y el resto de los órganos constitucionales autónomos son una serie de vestigios de la era neoliberal que están al servicio de los intereses de la “mafia del poder” e impiden la transformación democrática en el país. ¿Qué visión triunfará? Aún está por verse. Pero no debemos olvidar que, desafortunadamente, el principal interés de los gobiernos y políticos es la permanencia en el poder a como dé lugar; es por esto que es importante que existan poderes independientes al gobierno que funcionen como garantes y protectores de los derechos constitucionales.
Esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia autorizó al INAI a que opere con cuatro comisionados –a pesar de ser el quórum legal de cinco– y dando voto de calidad a la comisionada presidenta en caso de empate. Recordemos que el Senado no ha nombrado a los tres comisionados que faltan, dos de los cuales llevan vacantes más de un año, y que mantienen al INAI inoperante desde marzo del presente año. La decisión de la SCJN permitirá que se desahoguen los más de 8 mil recursos de revisión pendientes. Este es un triunfo para la ciudadanía y la democracia, ya que garantiza a las y los mexicanos ejercer su derecho de acceso a la información pública. En un país en donde la opacidad en la administración pública suele ser la norma, estos derechos son vitales para nuestro desarrollo democrático.