Ayer el congreso local aprobó la Ley para Garantizar el Acceso Libre y Gratuito del Internet de la Ciudad de México (Ley del Internet). Sin el apoyo del grupo parlamentario del PAN, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) José Merino celebró el proyecto legislativo insignia del Gobierno de Sheinbaum.
Se trata de un proyecto de ley importante para la materialización del derecho al acceso del servicio de internet. La ADIP a la fecha ha desplegado más de 25 mil puntos de acceso de internet de banda ancha. Estos esfuerzos contribuyen a generar condiciones de igualdad y disminuir la marginación. Pero siempre hay un pero. ¿Cómo se debe actuar frente a una ley que podría ser inconstitucional, pero que abona a la igualdad sustantiva? Claudia Sheinbaum, al igual que López Obrador, opera con la premisa de que lo justo no siempre es lo legal.
Sostengo que la Ley del Internet parte de una base equivocada en la que existe un vacío jurídico que no debe ser llenado por el gobierno local. Las telecomunicaciones, la protección de datos personales y ciberseguridad son materia de legislación federal. Únicamente estos actores – diputados y senadores federales – están facultados para crear normas en este tema. Luego entonces, ¿por qué la jefa de gobierno y el congreso local legislaron en la materia?
Los legisladores locales aseguran que como la ADIP ya tiene más de 25 mil puntos de acceso, esto legitima su legislación. Sin embargo, aquí se equivocan. Lo que hace la ADIP son políticas públicas: acciones de gobierno focalizadas en resolver problemas públicos, mismas que deben observar el marco legal. En cambio, la legislación supera la naturaleza jurídica de la política pública, misma que debe observar el marco legal. La Ley de Internet invade facultades del poder legislativo federal, del IFT, del INAI, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en lo relativo al derecho de vía y el despliegue de infraestructura. Posiblemente hasta de la autoridad judicial federal.
En conclusión, una ley justa pero inconstitucional deberá ser controvertida por la vía judicial. Esperamos que organismos de la industria, órganos reguladores y posiblemente la Cámara de Diputados, presenten las demandas correspondientes por lo anteriormente señalado.