La crisis política en Perú no cesa y se ha convertido en una consigna ideológica de lucha para distintos gobiernos latinoamericanos. A pesar de que el proceso de cambio de gobierno por el cual está atravesando la nación sudamericana ha sido legal e institucional, el Ejecutivo mexicano publicó el 12 de diciembre un comunicado conjunto con los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia reconociendo a Pedro Castillo como presidente de la República del Perú.
El comunicado es preocupante, ya que la Constitución obliga al Ejecutivo a observar el principio de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en la conducción de la política exterior. Al reconocer a Pedro Castillo como presidente, López Obrador rechaza las instituciones democráticas del Perú y su autonomía para realizar su propio devenir histórico. La destitución de Castillo no es resultado de ningún golpe violento, sino de su intento fallido de disolver al Congreso, por lo que AMLO debería respetar los procesos internos políticos peruanos.
Por lo pronto, a Castillo se le dictó prisión preventiva en lo que enfrenta un juicio por acusaciones de rebelión y conspiración en agravio del Estado.