Contra todo pronóstico resultó la consulta popular realizada el pasado domingo 1º de agosto. Durante meses, diferentes actores políticos y la opinión pública se centraron en analizar los alcances y contradicciones que este ejercicio democrático arrojaría. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados por los simpatizantes que veían el juicio a expresidentes como una realidad.
La mayoría, los medios de comunicación y algunos dirigentes de partidos políticos definieron la consulta popular como un fracaso estrepitoso. El conteo rápido de participación del Instituto Nacional Electoral (INE) osciló entre el 7.07 y el 7.74 por ciento, lo que significa que cerca de 7 millones 198 mil personas participaron. De acuerdo con los registros oficiales, entre el 89.36 y el 96.28 de las personas votaron por el “sí”, y el 1.38 y el 1.58 se inclinaron por el “no”.
Los resultados quedaron muy lejos del 40 por ciento de la lista nominal que se necesitaba para que fuera vinculante, por tanto, la idea de llevar a juicio a mandatarios acusados de diversos delitos solo quedó como un sueño, una epifanía.
Algunos analistas coinciden en que esta pantomima estuvo dirigida para generar una estadística para medir la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus seguidores, frente a una posible revocación de mandato. Por otro lado, existió toda una campaña propagandística que violó la reglamentación, pues el INE, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, es el único órgano autorizado para hacer difusión de las consultas populares. No obstante, existieron operadores políticos que se encargaron de colocar espectaculares, mantas y las inserciones pagadas en medios impresos.
Por otra parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la consulta fue un éxito, ya que permitió que se cumplieran con los parámetros de calidad técnica, profesionalismo, imparcialidad y legalidad que exige cualquier proceso electoral. Aunado a esto, el consejero presidente negó que el instituto no quisiera la consulta.
Lo anterior, luego de las declaraciones de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien señalara al INE como responsable de no alcanzar el porcentaje requerido y, con ello, poner en peligro la democracia.
La opinión desde el púlpito de Palacio
Un día después de la consulta, el titular del ejecutivo, López Obrador, consideró que no se debe descartar la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes. El mandatario afirmó que la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar y proceder cuando se trata de asuntos judiciales.
Además, los resultados obtenidos reflejan una victoria a pesar de no ser vinculatoria. ¿Victoria para quién o para quiénes?, pues se dio a conocer que el costo de este ejercicio fue de 580 mdp, lo cual representa una cifra exorbitante cuando existen necesidades como la compra de medicamentos para niños que padecen cáncer.
Qué dice la oposición
Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, publicó un video en sus redes sociales en el que hizo un recuento de todos los distractores que López Obrador ha implementado en su gobierno. Describió a la consulta como un circo que fue pagado con los impuestos de todos los mexicanos y concluyó que la “ley no se consulta, se aplica”. Además, reafirmó que la famosa consulta fue un fracaso y no fue culpa del INE.
Otra de las opiniones más fuertes fue la de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, quien señaló a la consulta como un distractor de los verdaderos problemas que aquejan al país, por ejemplo, la crisis sanitaria, el desempleo y la expansión de la delincuencia organizada en el territorio nacional.
Alejandro Moreno, presidente del PRI, declaró como un fracaso la consulta y apoyó la idea del hartazgo entre los mexicanos debido a un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente. Desde su perspectiva, es necesario que si un servidor público cometió un delito sea denunciado y se someta a una investigación.
Mientras que los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox celebraron la baja participación ciudadana. Todo lo expuesto con anterioridad es la antesala para la revocación de mandato, la cual tiene fecha prevista para marzo de 2022.