El litigio de la reforma electoral recientemente publicada en el DOF podría convertirse en la antesala de una crisis democrática rumbo a 2024. En los hechos encontramos a múltiples actores en la búsqueda de justicia por la vía judicial, a órganos de gobierno estadounidense mostrando una preocupación por el cambio electoral y a nuestro presidente asociando las inconformidades con la defensa del “conservadurismo” y un narcoestado.
Primero, es innegable que existe un descontento por parte de la población – o al menos un sector de aquella – en lo referente al contenido de la reforma. Prueba de ello es la marcha del domingo pasado. Este clamor social es indigno frente a los ojos del obradorismo. Probablemente, sea impactante ver cómo una parte del pueblo está levantándose en contra de la reforma electoral del mandatario y de lo que él representa. Como estrategia de manual morenista, el presidente con facilidad asocia a sus protestantes con la validación del gobierno de Felipe Calderón; toda una falacia.
Ahora bien, el principal riesgo que corre nuestra democracia no reside en el fondo jurídico de la reforma, sino en su litigio. A partir del día de su publicación y de su entrada en vigor (3 de marzo de 2023) los afectados podrán presentar amparos en contra de ella. Como podría ser el caso del Secretario Ejecutivo del INE. Asimismo, los partidos políticos y las minorías parlamentarias en el congreso tendrán 30 días naturales para presentar acciones de inconstitucionalidad. El quid reside en los tiempos electorales.
De acuerdo con la propia Constitución, las leyes electorales no podrán modificarse hasta en un plazo de 90 días antes de haber iniciado el proceso electoral y durante este no podrá haber modificaciones fundamentales. Esto implica que, si el proceso electoral comienza la primera semana de septiembre de 2023, no podrá haber modificaciones fundamentales de las reglas electorales 90 días antes; es decir, antes de la última semana del mes de junio. Ahora, la situación es la siguiente: la SCJN deberá decidir sobre la constitucionalidad o no del Plan B en un periodo de tres meses (desde el último día para presentar acciones de inconstitucionalidad, el 2 de abril, y hasta la tercera semana de junio).
Asumiendo que resuelve la reforma como inconstitucional, los riesgos son los siguientes: primero, que la SCJN resuelva antes del proceso electoral. Esto implicaría que se aplicarían las leyes recientemente derogadas y ante cualquier escenario donde pierda MORENA, el presidente y su partido buscarán deslegitimar el proceso electoral. Esto es un grave riesgo para nuestra democracia, pues se pierde uno de los principios básicos de la misma apuntados por Adam Przeworski (certidumbre ex ante las elecciones y certidumbre ex post de las elecciones). Segundo, que la SCJN resuelva sobre la inconstitucionalidad del Plan B posterior al proceso electoral. Esto supondría que la oposición demandaría la aplicación de las leyes derogadas y abrogadas. Situación que también podría culminar en una tensión política complicada que podría desenlazar en unas elecciones presidenciales sin legitimidad.
En conclusión, la SCJN tiene en sus manos el desenlace del equilibrio político electoral de las elecciones de 2024. El respeto a la resolución judicial será vital y demostrará el nivel de madurez de nuestro sistema democrático. Luego entonces sabremos, como dice AMLO, si en México hay “más democracia” que en EE.UU.