Es innegable la relación que hay entre los grupos criminales y las autoridades locales en este país. En pocas ocasiones la sociedad puede corroborar con fotografías o videos que en efecto existe una relación entre estas organizaciones. El video filtrado por el grupo criminal Los Ardillos es una muestra de lo grave y profundo del vínculo entre el crimen organizado y las instituciones gubernamentales. Por un lado, observamos a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Hernández y su esposo, y por el otro encontramos al líder de esta organización criminal.
A modo de hostilidad política, Celso Ortega líder de los Ardillos, quien se observa desayunando con la alcaldesa, revela a la ciudadanía que pacta, conspira y se coordina con Norma Hernández. Él sabe que lo peor que le puede hacer a un actor político es amedrentarlo mediáticamente. Hoy, la Fiscalía General del Estado de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra la alcaldesa, seguramente la FGR también lo hace. No obstante, según información que la propia alcaldesa ha filtrado, su partido aún la respalda. Chilpancingo es clave para MORENA.
Ante escenarios como este la sociedad mexicana debería mostrarse indignada y dolida. No hay forma de salir bien librada de una quemada de este tamaño. Hoy se trata de Norma Hernández, pero seguramente existen numerosos videos de otros políticos que sirven como garantía para los delincuentes. Así opera el crimen organizado en al menos el 80% del territorio nacional, sin importar el partido gobernante.
Merece discutir la reacción política de Morena al respecto. No es la primera vez que escuchamos que hay un narco gobierno en Guerrero. No hay que olvidar que, a consecuencia de pactos similares, en 2014 cuarenta y tres estudiantes normalistas fueron desaparecidos en Iguala. La simbiosis político-criminal mata. Entonces, Morena y oposición aprovecharon la situación y hasta exigieron la renuncia de Enrique Peña Nieto. En esta ocasión, la única diferencia que separa entre 2014 y hoy, es que no fueron asesinados estudiantes, sino toda una familia reportada desaparecida.
Morena tiene la oportunidad de demostrarnos que puede ser diferente. Más allá de exigir la renuncia de Norma Hernández, puede solicitar al Senado de la República disolver el orden de gobierno en Chilpancingo. La Fiscalía General de la República debe atraer el caso y las fuerzas del Gobierno Federal deben estar completamente concentradas en devolver la paz en la región. Pareciera que desean que el hecho pase desapercibido. Su silencio y pasividad es únicamente complicidad.