La Corte del Distrito Este de Nueva York conformó, este jueves 20 de enero, al jurado que decidirá si García Luna es culpable de los cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones.
García Luna fue el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio de Vicente Fox y fue parte del gabinete de Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública. Durante el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se hicieron los primeros señalamientos en su contra por haber recibido sobornos a cambio de permitir las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Felipe Calderón ha expresado su desconocimiento de los delitos cometidos por los miembros de su gabinete afirmando que ocurrieron a sus espaldas… eso ha dicho el exmandatario desde tierras españolas y lejos de la jurisdicción tanto mexicana como estadounidense.
Un funcionario mexicano de alto nivel está siendo juzgado, un acontecimiento político extraordinario, y este juicio abre muchos temas de análisis y debate, pero nos enfocaremos en dos. En primer lugar, nos evidencia que la justicia mexicana no alcanza para apresar a los criminales de cuello blanco y se necesita del apoyo extranjero para hacer valer la ley.
En segundo lugar, el juicio de García Luna acaricia la idea de que cualquier [ex]funcionario público puede ser juzgado… no lo sé, digamos ¿un presidente, tal vez? Sería lo ideal, pero el presidencialismo mexicano se ha protegido, al grado de que no puedan ser juzgados los mandatarios por los crímenes ocurridos durante su administración. Es un acuerdo histórico, silencioso e implícito que ha crecido desde Álvaro Obregón hasta el mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
Pero, bueno, existe cierto regocijo y placer en la población mexicana de que a Genaro García Luna le ha caído la justicia, aunque sea en inglés y por otros cargos, pero al menos le cayó.