Los grandes cambios nunca son sencillos. Morena se ha encargado de transformar al país desde sus adentros. No más corrupción. No más pobres. No más privilegios. Sin embargo, estos ajustes de la política, economía y democracia mexicana han enfrentado a dos de los Poderes de nuestro país.
Andrés Manuel López Obrador es un político extremadamente astuto. Él sabía que su proyecto de nación no podría crecer bajo una atractiva oratoria y una aprobación del 60% de la ciudadanía. Un presidente no puede hacer nada, pero un presidente con la mayoría de su partido en el Congreso de la Unión y a los ministros de la Suprema Corte de su lado puede transformar a México. Quién sabe si para bien, pero solo así podría AMLO imponer su narrativa.
Ricardo Monreal fue un excelente negociador en el Poder Legislativo logrando la unificación de Morena en el Senado y conciliando con la oposición. En el Judicial, la influencia de Morena relució a través de los susurros obradoristas al oído del ministro Zaldívar. Sin embargo, la nueva presidencia en la Suprema Corte finalizó la luna de miel entre AMLO y el Poder Judicial.
Bajo la presidencia de la ministra Piña, los proyectos del presidente se han visto finiquitados ipso facto. Como la Reina de Corazones, la ministra ha decidido ser contundente: Plan B para transformar la democracia, ¡Córtenle la cabeza! Megaobras de la 4T son de seguridad y prioridad nacional, ¡Córtenle la cabeza! La Guardia Nacional pasa a ser de la Sedena ¡Córtenle la cabeza! Ahora, la SCJN ha decidido cortarle la cabeza a la reforma que entrega el control de los aeropuertos y otras obras prioritarias a entidades paraestatales por tiempo indefinido.
El Ejecutivo no se ha quedado con los brazos cruzados ante la embestida del Judicial. AMLO ha propuesto que los ministros sean elegidos por voto popular, los ha llamado corruptos y fifís que perpetúan la corrupción del país. Ahora, la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha cuestionado que los ingresos de los ministros sean mayores al del presidente mostrándose como extensión del Ejecutivo.
La transparencia no es mala, cualquier servidor público debe ser auditado y se le debe solicitar que rinda cuentas ante el pueblo. Sin embargo, bajo la luz del enfrentamiento entre un Ejecutivo que quiere hacer su voluntad y un Judicial que aboga por el balance de poderes y la independencia de la justicia, se ve muy sospechoso y revanchista.