En la toma de protesta presidencial de 2018, AMLO se comprometió a cumplir con 100 promesas de campaña. En su último recuento de las promesas, el presidente presumió que solamente faltaban dos: la descentralización de la administración pública federal y esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su sexto y último informe presentado el 25 de julio da testimonio de los hallazgos, obstáculos y pendientes respecto al caso de los 43 normalistas. En su informe, el GIEI confirmó que la SEDENA tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en tiempo real, que la Marina intervino en el basurero de Cocula y que participó en la detención y tortura de implicados. Denunció que las autoridades obstaculizaron la investigación constantemente y que por lo tanto el GIEI ya llegó “al límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica”, ya les es imposible continuar con su trabajo, motivo por el cual se despiden del caso.
Hay que recordar que esta es la segunda ocasión que el GIEI abandona la investigación, la primera fue en el 2016 durante el sexenio de Peña Nieto. AMLO tuvo la oportunidad histórica de legitimarse como un luchador social con vocación de hacer valer la justicia ante los crímenes de Estado cometidos en contra de los 43 normalistas. El informe del GIEI y su segunda despedida confirman que la opacidad y el encubrimiento en las Fuerzas Armadas siguen siendo la norma; y que, AMLO como Comandante Supremo es cómplice en el ocultamiento de la verdad. Su respuesta ante el informe es lamentable: “Es una campaña en contra del Ejército”.
El crimen de Estado ocurrido en aquella oscura noche del 26 de septiembre de 2014 se perpetúa mientras las víctimas no conozcan la verdad de los hechos. AMLO está más interesado en defender a las fuerzas armadas y otorgarles atribuciones en el gobierno civil que acabar con los pactos castrenses que encubren a los responsables y obstaculizan la justicia.