Una vez más, AMLO y su músculo legislativo mostraron su talante autoritario, ya que, ante la orden de una jueza para que el Senado sesionara con el fin de nombrar a los comisionados pendientes en el INAI, el oficialismo parlamentario prefirió continuar con la opacidad pública a cumplir un mandato judicial. Al gobierno de la 4T no le son indiferentes los derechos al acceso a la información pública y protección de datos personales, le son antagónicos y amenazantes. Si le fueran indiferentes, AMLO no utilizaría a sus lacayos en el Congreso para dañar al INAI; incluso los congresistas morenistas prefieren correr el riesgo de enfrentar un proceso penal a garantizar nuestros derechos humanos, civiles y políticos para garantizar un mejor ejercicio democrático.
Sin embargo, no todo está perdido. Ante la incapacidad del Pleno del INAI de sesionar por únicamente contar con cuatro comisionados –cuando el quórum legal requiere a cinco–, un juez otorgó un permiso para que el órgano de transparencia resuelva un recurso de una persona en particular. Actualmente hay más de 4,500 recursos atorados ante la incapacidad del INAI, por lo que sería demasiado torpe pedir que se resuelva 4,500 amparos y se otorguen 4,500 permisos para que el Pleno del INAI sesione extraordinariamente 4,500 veces. Sin embargo, la orden del juez genera un precedente muy atractivo. Este precedente incluso pudiera ser usado por otro juez o incluso la Suprema Corte para otorgar al INAI una facultad extraordinaria y que pueda sesionar sin ataduras con únicamente cuatro comisionados en lo que los legisladores morenistas deciden hacer su trabajo.
Ya es más que evidente que el Ejecutivo busca enemigos en donde pueda ante la falta de resultados de su gobierno: primero Lorenzo Córdova y Ciro Murayama en el INE, ahora la ministra Piña y el INAI.