En 1972, en el ensayo El sistema político mexicano, el ilustre don Daniel Cosío Villegas retrató críticamente el voluntarismo del presidencialismo mexicano. A Cosío Villegas le preocupaba particularmente la creencia arraigada culturalmente “de que el presidente de la República puede resolver cualquier problema con sólo querer o proponérselo”. Por estos motivos, don Cosío Villegas formuló de la siguiente manera la naturaleza del gobierno mexicano: se trata de una “monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea transversal”.
Desde que comenzó el proceso sucesorio para ocupar la silla presidencial en junio, hemos visto pruebas que reflejan cómo, a más de 50 años de haberse escrito estas palabras, hemos regresado a un sitio similar . El despotismo monárquico y absolutista –lamentablemente no es ilustrado– de López Obrador lo hemos observado en sus intenciones de gobernar por decreto –recordemos la declaración de las obras prioritarias como si fuesen de seguridad nacional para evitar la rendición de cuentas– y los berrinches que ha hecho cuando el Poder Judicial le pone un alto por
actuar contrariamente a la Constitución. Pero a AMLO no le gusta que le “vengan con ese cuento de que ‘la ley es la ley’”.
Lamentablemente la fórmula expresada por Cosío Villegas busca ser alterada por AMLO; se niega a acotar por seis años su poder y que su voluntad trascienda a su sexenio. Solo así podemos comprender el compromiso que Zaldívar consolidó con Morena, razón por la cual renunció a la Suprema Corte de Justicia y le regaló un quinto nombramiento a López para afianzar la defensa de su “transformación” en el Poder Judicial.
Debido al papel que la Suprema Corte de Justicia desempeña en la defensa de la Constitución y la división de poderes, se espera que sus integrantes tengan independencia de criterio, experiencia y conocimientos jurídicos excepcionales. López Obrador busca lealtad absoluta, razón por la cual presentó a la siguiente terna: Bertha María Alcalde Luján –hermana de la secretaria de Gobernación y comisionada en la COFEPRIS–, Lenia Batres Guadarrama –hermana del jefe de Gobierno de la CDMX y consejera adjunta en la Consejería Jurídica del Ejecutivo– y María Estela Ríos Gonzalez, quien está impedida para ser ministra por ser la consejera Jurídica del Ejecutivo.
Nuestras instituciones democráticas peligran frente a la amenaza absolutista del ‘obradorato’, esperemos sobrevivan al 2024.